En juego, la división de poderes

El bloque de ministros de la Suprema Corte que rechaza prorrogar el mandato de Arturo Zaldívar es, por ahora, insuficiente: tiene cinco votos y necesita tres más para alcanzar mayoría calificada y expulsar del orden jurídico ese polémico artículo transitorio.

Tras ser aprobado por el Congreso, será la Suprema Corte la que determine la constitucionalidad del artículo transitorio de la reforma judicial que amplía dos años el periodo de su presidente, Arturo Zaldívar. Tal resolución tiene implicaciones de fondo: fijar límites a la división de poderes y definir las atribuciones que pueda abrogarse el Legislativo respecto del Poder Judicial. Pero el bloque de ministros de la Corte que rechaza prorrogar ese mandato es, por ahora, insuficiente: tiene cinco votos y necesita tres más para alcanzar mayoría calificada y expulsar del orden jurídico ese polémico artículo.

Con el reto de decidir si la autonomía del Poder Judicial y la división de poderes están en juego con la llamada Ley Zaldívar, los jueces constitucionales tendrán la última palabra no sólo sobre la ampliación del mandato de su actual presidente, aprobada por el Congreso y apoyada por el Ejecutivo, sino sobre el futuro inmediato del equilibrio del poder en México.

De inicio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encuentra ahora dividida por la aprobación fast track en el Congreso de la Unión de un artículo transitorio de la reforma judicial que amplía dos años el mandato del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como titular del Poder Judicial de la Federación (PJF). Aprobada al margen de cualquier negociación que incluyera al pleno de la Suprema Corte, la llamada Ley Zaldívar se enfrenta a un rechazo tajante de cinco ministros, incluyendo los últimos cuatro que cuentan con carrera judicial dentro del Consejo de la Judicatura Federal.